Hay una frase que, lamentablemente, se repite demasiado en España: “La vida sigue, sin más, sin responsabilidades.” Y no es un eslogan pesimista, es la constatación de un patrón que se extiende desde los accidentes más graves hasta las decisiones políticas más cuestionables.
Lo ocurrido en el accidente ferroviario de hace un mes —47 personas fallecidas en plena recta ferroviaria— es solo el último capítulo de una historia que se repite de manera casi rutinaria: tragedia, indignación, luto… y silencio. Después, nada. Ni culpables, ni dimisiones, ni explicaciones convincentes.
Durante la pandemia, 7.291 personas mayores murieron en residencias de la Comunidad de Madrid debido a unos protocolos que, en la práctica, impidieron derivaciones médicas que podrían haber salvado vidas. Aquello debería haber marcado un antes y un después en nuestra concepción de la responsabilidad política.
La dimisión de Mazón tras la DANA llegó un año y pico después, tarde y arrastrada por los hechos, no por convicción moral. Para entonces, él mismo se había permitido compaginar la tragedia con “otras cosas”, como si la gravedad estuviera desconectada de la vida pública.
En definitiva, el tiempo pasó, las ruedas de prensa se apagaron, llegaron otras noticias… y todo quedó en eso: dolor privado y consecuencias públicas inexistentes.
