La sensación de inseguridad que crece en muchas ciudades de España no es una simple percepción. En nombre de una supuesta tolerancia, se ha permitido que barrios enteros pierdan el control, se ha normalizado una situación de caos que antes era impensable.
Salir a caminar de noche —y en algunos lugares, incluso de día— se ha vuelto una ruleta rusa. No se trata de demonizar la inmigración ni la diversidad cultural en sí mismas, sino de señalar con claridad que la política de puertas abiertas, sin control real ni integración efectiva, ha fracasado estrepitosamente.
La falta de filtros, de exigencias mínimas y de políticas de adaptación ha provocado tensiones crecientes, un aumento de delitos y la creación de guetos donde la ley del más fuerte sustituye al Estado. Mientras tanto, el discurso oficial insiste en ocultar los datos reales, maquillando cifras o tachando de "alarmista" a quien se atreva a denunciar lo evidente.
España se encuentra ante una encrucijada: o recupera el control, refuerza su sistema judicial, respalda sin fisuras a sus fuerzas de seguridad y aplica una política migratoria seria, o se resigna a perder su cohesión social, su tranquilidad en las calles y su identidad como nación de derechos y deberes.
Sin ley, no hay libertad; sin orden, no hay convivencia. Y sin valentía política, no hay futuro.
